Para mantener el orden público se
declararía a la ciudad ocupada militarmente, y para este fin se nombró Jefe de
Plaza al Mayor de Carabineros, Luis A. Plaza. El Ministerio de Guerra ordenaría
al Comandante en Jefe de la IV División de Ejército, con asiento en Temuco,
General de Brigada Guillermo Armstrong, enviar tropa de línea a Valdivia. El
General Armstrong ordenaría el envío de efectivos, en primera instancia, del
Regimiento Nº 11 Tucapel y una compañía de ingenieros de la División para
labores de construcción de viviendas provisorias a los damnificados.
Resguardan, entonces, el orden público 120 hombres del Regimiento Tucapel, 20
carabineros de Temuco, 180 efectivos del Regimiento Caupolicán y 40 carabineros
de Valdivia, Loncoche y Osorno.
Al conocerse la noticia del incendio
en el Gobierno, a través de un telegrama del Intendente Provincial Ramírez de
Arellano, se reuniría un Consejo de Gabinete para decidir el curso de acción
más conveniente. Se decidiría que el Jefe de Gabinete, ministro Tocornal,
viajara a la ciudad afectada para recoger los datos necesarios con los cuales
el Gobierno tomaría las medidas más pertinentes.
El 15 de diciembre arribaba a la
alicaída ciudad el Ministro del Interior, Ismael Tocornal, para “articular las
medidas más oportunas en socorro de la población” local. Entre los miembros de
la comitiva se encontraban el jefe de sección del Ministerio del Interior,
Guillermo Pérez Valdivieso; Julio Bustamante, Comisario de la Brigada Central
del Cuerpo de Policía; el Diputado Paulino Alfonso; el ingeniero Rogelio Tolson; el
Gobernador de Llaima, Adrián Ortiz Lois; y los corresponsales de “El Diario
Ilustrado”, “La Unión”, “La Mañana”, “El Chileno” y “El Mercurio”.
Posteriormente el Presidente Montt
ordenaría el envío de especialistas de la Dirección de Obras Públicas a
Valdivia para realizar los estudios del terreno donde se levantaría nuevamente
la ciudad. Estos serían los ingenieros Alberto Espina y Egberto Belcredi, y los
arquitectos Celindo Muñoz y Alberto Bezanilla. Estos funcionarios se pondrían a
las órdenes del Intendente Ramírez de Arellano.
Las autoridades provenientes de
Santiago se reunieron con el Intendente, el Alcalde y los hombres mas poderosos
de la ciudad, donde ofrecieron dinero para apoyar los gastos de la
reconstrucción, estimando los comerciantes afectados que esto no era necesario.
Pero se decidió la conformación de una comisión para la redacción de un
proyecto de transformación de la parte siniestrada de la ciudad, que incluía
expropiaciones de terrenos y el posterior ensanche de las calles, avenidas y
plazas. Esta comisión estaría formada por: Víctor Vogt, Pedro Castelblanco,
Otto Roepke, Alberto Haverbeck, Patricio Aguayo, Felipe de la Fuente, Jorge
Urzúa, Jorge Saelzer, Luis M. Rodríguez y Roberto Navarrete.
La evaluación del siniestro fue 117
construcciones consumidas, 98 casas de comercio, en total 92.000 metros
cuadrados de edificación. Las pérdidas ascendían a los 20 millones de pesos, de
los cuales las compañías de seguro cubrieron doce millones; el Presidente Montt
destinaría medio millón de pesos para indemnizaciones, de los cuales 100 mil
serían para las compañías de bomberos para renovar su material.
La Compañía Alemana de Aseguradores
de Valparaíso recibiría detalles de las edificaciones afectadas. Estas serían
las manzanas 316, 324, 404, 320, 312, 300, 304, 306, 302, 308, 232, 225, 227.
Manzana 332 quemados ambos frentes plaza y Picarte. 239, Picarte incluyendo,
Bischoff y Banco Alemán. 402, frente San Carlos, incluyendo Aduana. 330, quemadas totalmente, excepto dos
edificios frente calle El Toro. 191, quemadas casi totalmente, incluyendo
Williamson Balfour y Saavedra Renard. 195, tercera parte frente Chacabuco y
Adriazola. 235 y 328 en duda.
Cabe hacer notar que los seguros
comprometidos no pudieron ser ejecutados inmediatamente ya que se realizó
investigación sobre el incendio. Además las compañías de seguro con pólizas
comprometidas en su mayoría eran extranjeras y sólo 2 nacionales: “La Nacional”
y “La Unión Chilena”, las cuales cancelaron los seguros una vez concluida la
investigación de la catástrofe.
A pesar de las graves y grandes
pérdidas los valdivianos desecharían las ofertas iniciales del gobierno para
ayudar a reconstruir la ciudad. Aun así el Ministerio del Interior solicitó a
la Intendencia Provincial una nómina de los damnificados por el incendio para
decidir a quienes entregar recursos según lo dispuesto por la ley de
reconstrucción.
En el plano levantado en enero de
1910 por don Lorenzo Claro Lastraría, liquidador de las compañías de seguros,
se puede apreciar con toda claridad, que son 20 manzanas completas las pérdidas
por el incendio y no 18 como se dijo en un principio.
El Intendente Ramírez de Arellano
nombra una Comisión de Subsidios. El trabajo de ésta era el de evaluar cada uno
de los casos que merecían recibir los subsidios del Gobierno. El trabajo de la
Comisión fue a puertas cerradas, sin que se caracterizara por su claridad y sus
deseos de dar a conocer sus actos.
Por medio del Decreto Nº 1.110 de
abril de 1910 se disponía el pago de recursos a los empleados públicos damnificados
por el incendio. Estos eran los funcionarios del Juzgado de Letras de Valdivia,
de la Subdelegación Marítima, Martillero Publico, Protectorado de Indígenas,
Correos, Telégrafos, Alcoholes, Preceptores, Aduana, Escuela Profesional, Liceo
de Hombres, Registro Civil y de la Policía La nómina resultante sería
ampliamente criticada por la ciudadanía ya que en ella aparecían personas que
no tuvieron pérdidas de importancia y se dejaba fuera a personas absolutamente
necesitadas de dicho subsidio.
Posteriormente, en junio, se daría a
conocer la nómina de damnificados particulares que recibirían el subsidio
dispuesto por el Gobierno para los damnificados del incendio.
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